La oposición al Gobierno de Sánchez lo ve como un grave atentado a la igualdad de los españoles, una afrenta intolerable que ha de contestarse desde la calle, desde los tribunales, desde las comunidades autónomas y desde Europa. Un punto y aparte, pero como defunción certificada de sus urdidores socialistas, y una barbaridad política y legal a combatir sin reservas. Según la derecha española los golpistas catalanes tienen que purgar delitos de gran magnitud, con la dureza de la ley y de la justicia española, sin dobleces que cuestionen el estado de derecho y que sólo se justifican en el apego al poder de Pedro Sánchez a cualquier precio, incluso sacrificando los más sagrados principios de la democracia española.

Estas tres son las visiones protagonistas del discurso político actual sobre la controvertida ley de amnistía. Las tres abiertamente encontradas. Y las tres posturas se revelan interesadas, incompletas por partidistas y, por definición, parciales. Hay, sin duda, realidades insoslayables. La apuesta por la amnistía no nació de la convicción socialista, sino de la pura aritmética parlamentaria, de la necesidad hecha virtud, como reconociera el presidente Sánchez ante los suyos. No puede negarse que los independentistas aprovechan su posición en el Congreso para volver a una posición de origen que no augura el anunciado final definitivo del movimiento secesionista, aun debilitado por la pérdida de la mayoría por errores propios y por la maniobra política de Sánchez (incluido el montaje de los famosos cinco días). Una especie de subsanación en las urnas catalanas, pendiente de contrastarse con los votos de todo el Estado. Si no es así, cobrará fuerza la postura inmisericorde de la oposición. El domingo todo puede empezar a vislumbrarse.