El interés del menor no puede identificarse con un mundo feliz en el que el estado se ocupa de la crianza de los menores para hacerlos buenos súbditos

La situación de la política migratoria en el Estado español acredita la falta de cohesión del mismo y por proyección su propia identidad. La presencia de seis mil menores no acompañados en Canarias y la generosa oferta de liberar a este territorio de cuatrocientos ya es suficientemente elocuente.

La política de extranjería, sin perjuicio de que debía configurarse como una política europea, trascendiendo del pacto migratorio de la UE (deberíamos pensar en modificaciones del propio Tratado de la Unión, de los Tratados de Adhesión y del derecho derivado) posee elementos de grave complejidad. La presión o ayuda a las mafias que trafican con seres humanos del nuevo imperio que controla el Sahel, la Federación Rusa; el débil esfuerzo de estados fallidos por controlar estas mafias de traficantes de seres humanos y la insuficiencia de las respuestas de la legislación de extranjería de los estados de la UE, particularmente la del Estado español es la Ley 4/2000 con múltiples reformas que la han desestructurado, impiden un tratamiento eficaz del fenómeno migratorio.

No es fácil controlar la verdadera edad de muchos de estos pretendidos menores sin procedimientos biométricos; no se comprende la novación de pasaportes de mayores de edad cuando llegan a las Islas Canarias en pasaportes de menores de edad cuando llegan a la península; es absolutamente irracional la distribución de estos menores entre las distintas Comunidades Autónomas en una escala que va de nueve menas residentes a más de mil, por no citar los más de seis mil de Canarias; resulta manifiestamente débil el funcionamiento de las fiscalías de menores y es inasumible la acción fraudulenta consistente en pagar billetes de autobús a estos menores en algunas Comunidades Autónomas para que se trasladen a otras. Es pertinente manifestar la resistencia de la mayoría de los municipios a la implantación de centros de menores en sus proximidades y cómo su población se manifiesta en contra de dicha ubicación en una inexplicable unión entre ideologías tan diversas como las que pretenden solidarizarse en términos teóricos con los inmigrantes y las que son más renuentes al fenómeno de la inmigración, aquí todo el mundo se une.

Lo menos comprensible es que la política relativa a los menores no acompañados consiste en su mero depósito en determinados centros para que en el momento de cumplir los 18 años sean objeto del más absoluto abandono. Se deben valorar positivamente los esfuerzos de algunos de estos centros, que intentan proporcionar o formación profesional o prácticas laborales o acompañamiento en la búsqueda de un trabajo, pero ni en todos los centros se realizan eficientemente estas funciones, ni todos los menores son receptivos a beneficiarse de estas prestaciones ni el mercado de trabajo acepta con facilidad la incorporación de menores no acompañados aun con formación y con predisposición a trabajar lo cual genera un bucle contradictorio con cualquier mecanismo de integración.

En el ámbito del derecho internacional público existen relevantes normas que deberían ser de obligado cumplimiento: la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, en el ámbito estatal la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 y la citada Ley de Extranjería 4/2000, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La Ley de Extranjería considera regular la residencia de los menores que son sometidos a la tutela de las entidades públicas, en el caso de Euskadi de las Diputaciones Forales.

Frente a la demagogia que rodea a los menas, la mayoría de estos no se niegan a trabajar, ni son una carga económica para el Estado. Según los últimos datos de Unicef, el Estado español realiza una inversión en familia e infancia muy por debajo de la media de la Unión Europea. El dinero destinado específicamente a menores no acompañados representa una cantidad aproximada del 0,002% del PIB.