No parecen afortunadas distintas declaraciones que avalan la admisión a trámite de una querella o denuncia que ignora la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando estas ni tienen las formalidades legales y carecen absolutamente de fundamento. Hace tiempo que la jurisprudencia del TS declara carentes de legitimidad las acciones penales basadas en recortes periodísticos y ya resulta chusco que se incluyan entre estos algunos de los que el denunciante reconoce su falsedad.

Las argucias legales tienen mala reputación y deberían tener peor cuando es conocida la fama de quienes las practican y además consiguen un efecto mediático erosionante, que posteriormente provoca un uso políticamente perverso de su irrelevancia.

Nos encontramos en un momento políticamente convulso. La protección del derecho al honor se ha debilitado ante las dificultades con que se topa su tutela judicial. Los ciudadanos desisten ante la tesitura de esperar una resolución judicial firme durante 3 o 4 años con la correspondiente provisión de fondos, mientras el órgano judicial resuelve el conflicto entre el derecho constitucional al honor y el derecho constitucional reforzado a la libertad de expresión.

La protección al derecho del honor se ha agravado con la huella digital, una información falsa se retuitea en la red y al final la maraña de injurias no se puede desentrañar.

De lo afirmado hasta ahora no se puede responsabilizar a los jueces con vocación de tutelar eficazmente los derechos ciudadanos. El compromiso personal de la inmensa mayoría es incuestionable. Los jueces tienen que soportar dificultades como la existencia en el Estado Español del menor número de órganos judiciales de nuestro entorno europeo, la falta de medios materiales suficientes, una oficina judicial no siempre bien engrasada y la movilidad funcional de jueces incomodos o señalados por otros poderes visibles o invisibles.

La tramitación de la Ley de la Amnistía ha exacerbado las tensiones políticas. La Proposición de Ley de Amnistía deriva de la Sentencia del Procés cuyos presupuestos son discutibles: el primero que invoca la Instrucción sumarial es que una masa de 60000 personas se erigió en un instrumento de coerción, se podría pensar que esa masa de 60000 personas solo quería ejercer el democrático ejercicio de votar.

En segundo lugar, se invoca una declaración de independencia que carece de valor normativo puesto que solo se incluyó en la Exposición de Motivos de la ley aprobada. Exposición de Motivos que como preconiza, entre otros la jurisprudencia constitucional, carece de valor normativo. 

Mucho y con cierta ligereza se está hablando de la denominada lawfare. Se entiende por lawfare la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.

La Sentencia del Procés, en mi opinión, y particularmente su Instrucción no se corresponde con lo realmente ocurrido en Cataluña el 1 de octubre de 2017 y las decisiones del Parlament en la gestión de su soberanía política. No obstante, conviene ser cuidadoso antes de usar la expresión lawfare. Muchas veces en las resoluciones judiciales no nos encontramos con un posicionamiento estrictamente ideológico del Órgano judicial, otras veces sí.  Lo frecuente es encontrarse con un ordenamiento punitivo, que facilita un reproche penal desorbitado a actuaciones que se incardinan en la acción política democrática. 

Recuérdese que el legislador constituyente excluyó de la Constitución la noción de democracia militante. Esta exclusión consciente conlleva que acciones políticas no constitucionales no se convierten en conductas penalmente reprochables. Por algo se tuvo que reformar el Código Penal en delitos tan graves como la rebelión.